La modificación normativa, redactada en texto articulado y fundamentado remitida a ambas Co-Legisladoras y al Ejecutivo, pretende cambiar el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, para la asimilación legal de la valoración de las situaciones de dependencia con la calificación mínima del grado de discapacidad, que en nuestro ordenamiento jurídico es el 33 por ciento.

 

Con esta iniciativa legislativa, como beneficios sociales concretos, se busca facilitar la vida y abrir nuevas posibilidades de apoyos y acompañamiento público a las personas reconocidas en situación de dependencia, que tendrían esta pasarela legal para ser consideradas también personas con discapacidad con grado del 33 por ciento, sin necesidad de valorarse por la vía específica y distinta de la discapacidad.

 

Además de reforzar la protección social de las personas en situación de dependencia, se reducen las cargas administrativas, ya que así no tendrán que acudir al reconocimiento paralelo de discapacidad, que tiene otro procedimiento, quedando asimiladas por ministerio de la Ley al grado de discapacidad.